Primicias24.com- El Ministerio de Industrias y Producción Nacional, diseñó una Junta Interventora Especial de las empresas aseguradoras Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros -propiedad del empresario Tobías Carrero Nácar- que pasó un control temporal del Estado por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido al incumplimiento de una política presentada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en 2004.
Los interventores designados de acuerdo a la Gaceta Oficial N ° 41.811, hijo Julio Villarreal, quien asume la presidencia y los directores Ysmer Gómez Serrano, José Manuel Suárez Matheus, Nelson José García y Ender Montiel Montilla. Todos responden sus acciones al ministro Tareck El-Aissami, orientado a la “administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo las atribuciones que la ley y los estatutos confieren a las máximas autoridades de las respectivas sociedades mercantiles”.
La decisión, es una medida cautelar para intervenir por completo en este grupo de empresas, como mecanismo de aseguramiento del cumplimiento de una sentencia previa de la Sala Política Administrativa que decretó un embargo por USD. 54.044.048,11 debido al incumplimiento de un “contrato de póliza contra todo riesgo” sobre equipos de la empresa estratégica del Estado CVG Venalum; operación accionada como una estafa contra la nación.
“Visto que en el presente asunto está vinculado el orden público constitucional, en virtud de que la controversia está relacionada con los intereses del Estado Venezolano, en específico, los derechos de una empresa estratégica como lo es C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio (CVG VENALUM) (…) esta Sala Constitucional observa que los hechos descritos por la representación de la solicitante, hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización de sus amplios poderes cautelares, habida cuenta del peligro que corren por la posibilidad de hechos en los cuales la parte demandada pudiera quedar insolvente y con ello afectar la pretensión principal de la empresa estratégica del Estado CVG VENALUM”, reza la sentencia, firmada por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza.
¿Quién es Carrero?
El dueño de estas aseguradoras -oriundo del estado Barinas- también es presidente del equipo de béisbol Bravos de Margarita y accionista de los Marlins de Miami. Es considerado por el Gobierno nacional como uno de los tantos personajes que financian a grupos de la extrema derecha para acabar con el proceso revolucionario en alianza con la Casa Blanca.
Según la revista digital Paréntesis Literario, Carrero –quien forma parte de los denominados boliburgueses- también es dueño del circuito Radio Venezuela que entre otras, tiene la emisora Mara Ritmo 900.
En 2007, comenzó la persecución contra Carrero debido a la ostentación de bienes. El Instituto Nacional de Tierras (INTT) ordenó la intervención de su hato, Caroní ubicado en la carretera vieja El Toreño del estado Barinas.
Para entonces el acusado, manifestó que el procedimiento estaba “totalmente divorciado de los hechos en los que supuestamente está fundamentado, toda vez que de acuerdo a la ley, tal procedimiento no se aplica a las tierras que se encuentren en condiciones de óptima producción, como es el caso del Hato Caroní, en el cual de acuerdo a informes del propio Inti, existe una población de 3.400 reses, es decir, una ocupación de 1.44 reses por hectárea, lo cual excede en casi un 50 %, el promedio establecido por el organismo rector en el estado Barinas”.
Luego de la expropiación, compró el equipo de béisbol La Pastora de Los Llanos y lo convirtió en los Bravos de Margarita con el apoyo del ex gobernador opositor de Nueva Esparta, Morel Rodríguez.
Como si esto fuera poco, en 2009, circuló una fotografía de la inauguración del diario Versión Final, ubicado en Maracaibo, vinculado directamente con el ex gobernador Manuel Rosales, hoy prófugo y exiliado.
Carrero gracias a sus vínculos con el ex funcionario Luis Miquilena (1919-2016) llegó a hacerse con los contratos de seguros de varias dependencias gubernamentales.
En 2011 el medio Noticias Candela, basándose en una fuente anónima denuncia “extraños movimientos de Carrero, Rosales y Miquilena con la Universidad del Caribe en Panamá”.
“Recientemente, se ha firmado un acuerdo para la venta del 60% de las acciones de la Universidad del Caribe entre el Señor Genaro Mosquera Castellanos y el Señor Tobías Carrero Nácar dueño de Aseguradora Ancón S.A” que “será la administradora de esta Universidad del Caribe de ahora en adelante”, reveló el informante.
Presuntamente la Aseguradora Ancón, pago $1,000.00 por cada acción del centro de estudios, considerando que el valor nominal en actas de la Universidad del Caribe eran para entonces de $2,500.00 (según el Sr. Genaro Mosquera Castellanos y Bustamante & Bustamante), reseñó el medio.
Carrero, se quedó con la mayoría de las acciones de una universidad que anteriormente estaba quiebra financiera debido a un adeudo a sus acreedores de más de $750,000.00.
El afamado club español Atlético de Madrid, también es propiedad de Carrero, quien a través de la Aseguradora Ancón, inició su segunda academia de fútbol en el continente americano.
Para el Atlético, fue una gran oportunidad de recibir ingresos en dólares e incursionar en nuevos campos y para Carrero, fue supuestamente la ocasión perfecta para instaurar una “lavadora” y establecer lazos en España en alianza con sus socios venezolanos,
El acuerdo entre Ancón y el Atlético tiene una vigencia de cinco años (2018-2023) con posibilidad de extenderse. Tiempo más que suficiente para que ambas partes alcancen sus objetivos.
En la temporada 2016-2017, el club ingresó de la UEFA 67,2 millones de euros por su participación en la Champions. Un año antes, cuando llegó a la final, alcanzó los 76,4 millones, un gran negocio indudablemente.
