Dicha acción autoriza a los actuales diputados seguir legislando después de enero cuando se instale la AN electa el pasado 6 de diciembre de 2020
Primicias24.com.- La Asamblea Nacional (AN) presidida por el diputado Juan Guaidó aprobó en sesión este sábado la reforma parcial del Estatuto de la Transición con el que prevén continuar legislando después del 5 de enero pese a la instalación de un nuevo Parlamento electo el pasado 6 de diciembre.
Dicha sesión fue transmitida en vivo por las redes sociales del partido Primero Justicia y otros. La actual directiva explicó que la función principal de la reforma del estatuto y la reestructuración del “Gobierno interino” es lograr un cambio democrático en Venezuela.
“Promover nacional e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”, señaló la coalición opositora al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Una acción no apoyada por Acción Democrática
Sin embargo, la reforma también contempla que la AN funcione a través de la comisión delegada hasta el 5 de enero de 2022 o hasta que haya elecciones libres.
Pese a que el partido Acción Democrática (AD) ratificó su respaldo a Guaidó y de continuar con la labor del actual Parlamento, decidió salvar su voto en la reforma alegando que la continuidad debería funcionar con el pleno del parlamento y no con la comisión delegada, como se decidió.
A través de un comunicado, la tolda blanca aseguró que es «innecesaria» la creación de una comisión delegada alegando que las tareas que deberá cumplir son de naturaleza parlamentaria o de control y estas las podría «perfectamente realizar» el Legislativo o la “Presidencia Encargada”.
Elecciones del pasado 6D
Es importante mencionar que, el pasado 6 de diciembre se celebró en el país elecciones parlamentarias, sin embargo, las mismas dieron duramente criticadas por este sector de la oposición.
La AN presidida por Guaidó no estuvo de acuerdo con que dichos comicios se realizaran con un Poder Electoral nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por el Parlamento.
Por otra parte, rechazaban que las directivas de los partidos opositores fueron intervenidas y se nombraron juntas ad hoc desde el TSJ y que no hubo observación internacional independiente.
