ANTONIO BERMÚDEZ
Contralor Municipal de Maracaibo
Doctor en Derecho Procesal Constitucional.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se extendió la retórica sobre la participación ciudadana y el protagonismo del pueblo, pero en muchos aspectos estos postulados constitucionales no han pasado de ser mera letra muerta. La verdadera democratización del Estado, consecuencia fatal de la democracia participativa y protagónica, no sólo se logra con haberle dado rango constitucional, sino con una desconcentración real, en la práctica, palpable, de poder y competencias hacia los municipios, no concebidos como instancias burocráticas de gobierno local sino como instancias territoriales, donde la ciudadanía pueda ejercer un control directo sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana.
El nivel municipal es el espacio idóneo para construir una democracia revolucionaria, participativa y protagónica. A diferencia de las estructuras estadales o nacionales—donde la burocracia y la partidocracia suelen diluir la voz de la gente—, en el municipio los vecinos pueden organizarse, fiscalizar, exigir rendición de cuentas de manera más efectiva y ser autogobierno. Cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la corrupción y el clientelismo florecen; cuando se distribuye entre la población, la política se humaniza.
No sólo se trata de “presupuestos participativos”. Ya eso está plasmado en la Ley y la mayoría de los alcaldes juegan a su conveniencia con esa figura. Se trata de que los ciudadanos decidan realmente y de manera directa en qué se van a invertir los recursos públicos, y así convertir la gestión municipal en una más transparente y eficiente. No se trata de que el gobierno local «consulte» a la población, sino de que el pueblo tenga Poder vinculante sobre las decisiones.
Se trata también de acabar con la perniciosa práctica de obligar a los municipios a depender de transferencias económicas condicionadas por intereses a veces oscuros. La verdadera autonomía municipal requiere no solo más competencias, sino también recursos propios y capacidad de autogobierno. Si el pueblo, a nivel municipal, tuviera mayor control sobre impuestos locales y políticas de vivienda, transporte o educación, podrían responder mejor a las necesidades específicas de la población. Se trata del socialismo en lo territorial del que hablaba nuestro Comandante Hugo Chávez.
Uno de los mayores obstáculos para la democratización municipal es la resistencia de los partidos políticos a ceder el Poder. Demasiadas veces, los concejales actúan como delegados de sus cúpulas partidistas y no como genuinos representantes de sus electores. Para romper este esquema, la necesaria reforma constitucional necesita plasmar mecanismos de democracia directa que permitan a la población recuperar el control de los asuntos de su incumbencia, por lo que algo novedoso sería la eliminación de la figura de los concejales y sustituirlas por Asambleas Consultivas Populares integradas en el territorio por delegados electos por las bases. Ya tenemos la experiencia de los representantes de las distintas instancias del Poder Popular Organizado. Serían instancias no burocratizadas pero de consulta obligatoria con decisiones vinculantes. Es una idea.
La transferencia del Poder al pueblo no es una utopía, sino una necesidad urgente. Los municipios deben convertirse en laboratorios de democracia real, donde la participación no sea un eslogan, sino una práctica cotidiana. Solo así podremos construir una sociedad más justa, donde las decisiones no se tomen para la gente, sino por la gente. Es hora de gobernar desde abajo.
