Primicias24.com.- Trabajadores de la Central Azucarera Rio Turbio, hacen un llamado y emiten una alerta al Gobierno Venezolano en especial al Presidente Nicolas Maduro, para que investigue una posible entrega controlada del central azucarero a los Sigala.
El «Central Azucarera Río Turbio» está ubicado entre Barquisimeto y Cabudare, estado Lara, es una empresa dedicada al procesamiento de caña, azúcar y melaza desde 1956, cuando fue inaugurada con la presencia del presidente de la República, general Marcos Pérez Jiménez y contaba con una capacidad instalada de molienda de 2.500 toneladas de cañas diarias con miras a procesar unas 5.000.
En la actualidad este central azucarero tiene capacidad de molienda para 7.500 toneladas de caña de azúcar por día, llegando incluso hasta 10.000 toneladas diarias, para una producción de azúcar refinada de 2.700.000 kilos de azúcar refinada, lo cual significa la segunda capacidad de producción más alta de toda Venezuela.
El central utiliza la cachaza de la caña y la quema en cuatro grandes calderas que a su vez activan cuatro inmensas turbinas generadoras de energía eléctrica, lo que garantiza que no se detenga la producción en la época de zafra.
Este ingenio azucarero posee 200 hectáreas de tierras propias para sembrar las semillas de caña de azúcar, donde a su vez se realiza la modificación genética de las futuras plantas, que luego son transferidas a los productores para los cultivos que se arriman al central. Estos cañicultores utilizan 70.000 hectáreas distribuidas en los estados Portuguesa, Lara, Yaracuy y Falcón y producen alrededor de 900.000 toneladas que se concentran en el Central Río Turbio
¿Qué sucedió en el Central Azucarero?
En octubre del año 2017 el Ministerio Público dictó medida privativa de libertad contra los accionistas de Azucarera Río Turbio, Gabriel Peña Riera y María Margarita Cigala de Muñoz por presunto fraude cambiario. Estos empresarios recibieron por parte de CADIVI – CENCOEX 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017 para la importación de insumos necesarios para la producción de azúcar.
Los imputados incurrieron en los delitos de sobrefacturación, obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Los recursos fueron utilizados de manera irregular, lo que configuró un delito de fraude en perjuicio de la nación que enriqueció a la élite accionista de la empresa Azucarera Río Turbio C.A.
Cierre de la empresa y reactivación por parte del Estado
La empresa, dedicada a la refinación de azúcar, fue abandonada por sus propietarios a finales del año 2018, lo que condujo a su paralización total, el deterioro de su maquinaria y el despido de más de 750 trabajadores, en una operación tortuga la Junta Directiva presidida por José Ricardo Sigala Peña, aprovechándose de la situación de cierre del central, fueron dilapidando de manera fraudulenta los activos como la flota de vehículos y maquinarias, las calderas estaban dañadas, pérdida de tractores, sembradoras, cosechadoras y demás bienes destinados a la producción y procesamiento de caña de azúcar. Ante esta situación, tras una larga lucha de los trabajadores y apertura de procedimientos por ante la inspectoría del trabajo y ante el despido masivo y la paralización total de la producción, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo intervino, ordenando la activación de la producción a través del control obrero plasmado en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, designando una Junta Administradora Especial en diciembre de 2020 (ratificada en diciembre de 2021), integrada por representantes de los trabajadores y del Ministerio de Alimentación.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre la masa trabajadora y una empresa privada aliada, Empaqueadora Las Nieves C.A., se logró una notable recuperación. La compañía pasó de tener un 0% de capacidad operativa a un 70%, se recuperaron más de 500 puestos de trabajo, se pagaron pasivos laborales pendientes por más de tres años y se rehabilita la infraestructura y maquinaria del central azucarero, el cual fue recibido en completo abandono hundido bajo una montaña de óxido la cual causaba un gran daño al ambiente, casas en ruinas, sin el banco de semillas, sin ningún soporte de la contabilidad de la empresa, las áreas sociales las cuales eran para el disfrute de los trabajadores estaban en completo abandono, estos personajes una vez que abandonan el país, manejaban el sistema y las cuentas bancarias desde el exterior de manera digital dilapidando los activos de la masa trabajadora, demostrando con esto la desidia y la delincuencia de los antiguos dueños.
Posterior a todo el esfuerzo que realizó el Estado venezolano para recuperar la empresa y estabilizar la producción del central azucarero, superando las 35 mil toneladas, en el año aparecen representantes legales de los Sigala intentando vender de manera fraudulenta la empresa que está en manos del Estado y que mantiene una alianza importante con el sector privado.
En el año 2025, los juristas de los Sigala, lograron colocar como veedor de la empresa al abogado Juan Carlos Rodríguez apoderado judicial de los Sigala, quién toma la empresa y comienza amenazar a los trabajadores, diciéndoles que su función en el central azucarero era para devolverlo a los antiguos dueños que la dejaron en la decidía y la ruina,
El13 de agosto de 2025 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo en el que admite las oposiciones presentadas contra las medidas cautelares decretadas sobre la empresa Azucarera Río Turbio C.A., y designa a un nuevo veedor judicial para supervisar la ejecución de dichas medidas.
En la decisión se admitió la oposición interpuesta el 4 de diciembre de 2024 por el abogado José Antonio Anzola Crespo, en representación de la empresa, así como la presentada el 25 de junio de 2025 por el abogado Carlos José Ros Abraham, actuando en nombre de las accionistas Fiorela Coromoto Ruíz de Escalona y Dilcia Josefina Piñero de Brito.
Asimismo, se declaró parcialmente procedente la solicitud del apoderado judicial del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, únicamente en lo relativo a la modificación de la tutela cautelar decretada.
La Sala Político Administrativa del TSJ bajo la decisión número 00753, designó como nuevo veedor judicial, al abogado Juan Carlos Rodríguez, quien debería asumir las funciones de supervisión de las medidas cautelares decretadas a favor del Estado Venezolano. Se advirtió que los honorarios de este profesional correrán por cuenta de la parte solicitante, es decir por el Ministerio de Alimentación.
Como consecuencia de esta designación, se revocó el nombramiento del anterior veedor judicial, perteneciente al Estado.
¿Cuál es el plan del veedor que trabaja para los Sigala?
Según los trabajadores del Central Azucarero, el abogado Juan Carlos Rodríguez y el abogado José Antonio Anzola Crespo ambos representantes judiciales y empleados de los Sigala mediante una conspiración para apoderarse de una empresa del estado y financiar a sectores de la oposición, quieren devolverle a los Sigala, quienes fueron denunciados públicamente por el Fiscal General Tareck William Saab de cometer fraude a la República y se fueron huyendo de Venezuela, abandonando la producción, la masa trabajadora, desviando materia prima de la industria, recibiendo asignaciones de crudo de azúcar comprado por el Estado Venezolano en el mercado internacional, recibiendo una asignación de alrededor de 5.300 toneladas de crudo que nunca pagaron a la República e incumplieron los compromisos de refinación y arrime que tenían con el sector público para los planes de protección al pueblo venezolano, manteniendo una deuda con la República equivalente a 5 millones de dólares que deberían pagar al Estado.
Los trabajadores hacen un llamado y emiten una alerta al presidente Nicolás Maduro, para que investigue una posible entrega controlada del central azucarero a sectores de la derecha infiltrados que han participado en todos los ataques a la economía del país y rinden cuenta y pleitesía los Sigala.
No se justifica que fueron los mismos Sigala que cerraron la empresa y en la actualidad el veedor de la misma (que debería garantizar y proteger los bienes a favor de la República) es el abogado de estos empresarios que causaron un daño grave a la nación, es veedor de la República que es la demandante y defensor de los Sigala que son parte demanda y deudores del Estado.
Se debe tener en cuenta que la familia Sigala participó en todos los movimientos conspirativos contra el comandante Hugo Chávez y contra el presidente Nicolás Maduro.
Los trabajadores solicitan la investigación a profundidad sobre los hechos que pudieran estar vinculados a esta trama de conspiración y de despojo de una empresa que fue abandonada por sus dueños, que fue recuperada por el Gobierno y ahora pretenden ponerla en manos de los mismos que durante toda la vida representaron a la oligarquía, que estuvieron en el paro petrolero y todas conspiraciones contra la Revolución Bolivariana y que ahora pretenden devolverle con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el central azucarero que ha sido exitoso en manos del Estado y los trabajadores, donde se ha conjugado el ejemplo del éxito en la política Estado, empresa privada y Masa Trabajadora.
La fuerza laboral de la empresa considera que la sentencia fue producto de un engaño a la buena fe que tienen los magistrados del TSJ, y el resultado es que colocaron de veedor a un representante de los antiguos dueños del «Central Azucarera Río Turbio», haciéndolo juez y parte, configurando una especie de entrega fraudulenta a los Sigala, violando los derechos de los trabajadores, estado de derecho y la Seguridad jurídica de los inversores.
Esta situación contraria a los intereses de la república y a la estabilidad laboral de los trabajadores, exige que se investigue a estos abogados y a sus representantes los empresarios que estafaron a la nación.
Datos importantes que resume lo que viene sucediendo con la Azucarera Río Turbio, C.A
El caso de la empresa Azucarera Río Turbio, C.A. representa un complejo entramado que involucra el abandono de los antiguos dueños de la industria estratégica, la reactivación por parte del Estado, una millonaria deuda por incumplimiento contractual y una controversial batalla legal que ha llegado hasta la más alta instancia judicial de Venezuela.
El Origen del conflicto: La Deuda millonaria
El núcleo del conflicto legal se remonta a 2019. Según el informe, Azucarera Río Turbio, C.A. recibió importantes asignaciones de azúcar crudo para su refinación. El compromiso era devolver un porcentaje acordado del producto terminado (azúcar refinada) a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. (CUSPAL), ente adscrito al Ministerio de Alimentación.
La empresa incumplió este compromiso, dejando de entregar el azúcar refinada correspondiente a seis embarques de materia prima recibidos entre enero y agosto de 2019, extrañamente la empresa para el 2019 se encontraba cerrada y con conflictos laborales, sin embargo de manera premeditada aun a sabiendas de la situación operativa que se encontraba la empresa reciben la asignación de materia prima causando de manera flagrante un daño patrimonial al Estado Venezolano.
Acciones legales: De la Cobranza extrajudicial a la demanda
El 18 de abril de 2023, se inició por parte del Ministerio de Alimentación una acción de cobro extrajudicial en protección de los intereses de la República dirigida al entonces representante de la empresa, el ciudadano José Ricardo Sigala Peña. En su respuesta del 16 de mayo de 2023, Sigala Peña reconoció la existencia de la deuda, aunque alegó «razones de orden técnico» para justificar el incumplimiento.
Al no honrar la deuda, el Ministerio de Alimentación, en defensa del interés público y el derecho humano a la alimentación (Art. 305 de la CRBV), interpuso una demanda de contenido patrimonial el 13 de agosto de 2024 ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La demanda fue dirigida contra:
- La sociedad mercantil Azucarera Río Turbio, C.A.
- Sus accionistas.
- Su Junta Directiva.
- El ciudadano José Ricardo Sigala Peña.
El monto reclamado se calculó basándose en el precio internacional del commodity (azúcar) al momento de la compra por el Estado, estimado en € 4.536.344,73 (Euros).
Sentencia y medidas cautelares controversiales
El 25 de septiembre de 2024, el TSJ admitió y declaró con lugar la demanda. Simultáneamente, se decretaron varias medidas cautelares de gran alcance:
1. Embargo preventivo de las cuentas bancarias de la empresa.
2. Embargo preventivo de las cuentas de José Ricardo Sigala y el resto de accionistas y directivos.
3. Embargo preventivo de las acciones de la empresa.
4. Prohibición de enajenar y gravar los bienes inmuebles de la empresa y los demandados en Venezuela.
5. Designación de un veedor judicial: el Consultor Jurídico del Ministerio de Alimentación para supervisar el caso.
Un giro controversial: El Conflicto de intereses
El caso tomó un giro dramático e inesperado. El 13 de agosto de 2025, la Sala Político Administrativa del TSJ designó de oficio (por su propia iniciativa) al abogado Juan Carlos Rodríguez (nº de inscripción 80.185) para un cargo crucial en el proceso.
La controversia estalló al revelarse que el ciudadano Juan Carlos Rodríguez es el apoderado judicial de la parte demandada (Azucarera Río Turbio y los Sigala), tal como consta en el folio 298 del expediente. Esta designación fue inmediatamente impugnada al día siguiente (14 de agosto de 2025) por la Consultoría Jurídica del ministerio.
La impugnación alega que esta decisión judicial constituye:
- Un «fraude y un error inexcusable de derecho».
- Un grave conflicto de intereses, ya que el abogado defensor de los demandados no puede simultáneamente tener un rol de veedor del Estado, violando el principio de imparcialidad.
- Una vulneración de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
- Un estado de indefensión para el Estado venezolano, al perder el control y supervisión sobre la empresa demandada.
En conclusión el caso de Azucarera Río Turbio es emblemático. Ilustra los esfuerzos del Estado por reactivar industrias estratégicas abandonadas y garantizar la seguridad alimentaria, pero también expone las profundas complejidades y los aparentes conflictos dentro del sistema judicial venezolano.
La reactivación exitosa de la azucarera contrasta con una deuda millonaria de los antiguos propietarios y un litigio que ha derivado en una situación jurídica extraordinariamente controvertida. La designación de un abogado de la parte demandada para un rol clave en el proceso ha generado una grave crisis de legitimidad en el caso, planteando serias dudas sobre la transparencia, la imparcialidad y la efectividad de la justicia en un asunto de alto interés público nacional. El desenlace de esta impugnación será determinante para el futuro de la empresa y para sentar un precedente en la jurisprudencia venezolana, así como en la evaluación del desempeño de las políticas públicas y la actuación de conspiración al querer entregarle el control de esa empresa por vía de error judicial a los mas acerrimos representantes de la ultraderecha fascista quienes fueron quienes destruyeron el central azucarero en esa época, por tal motivo no debería tener el control administrativo nuevamente.
