Por Marcial Arenas, Economista.
Desde 1931 hasta la crisis petrolera de 1973, la forma de evasión fiscal perfecta usada por las empresas multinacionales de petróleo fue el llamado precio de transferencia. Bajo esta modalidad, la filial local solo reportaba al fisco la sexta parte de un dólar por barril como impuestos, mientras que la casa matriz recibía en “transferencia” los beneficios adicionales obtenidos por la subvaloración de los costos de producción local del barril de exportación. Por ello los precios del crudo se mantuvieron en torno a un dólar por barril.
Al mecanismo de evasión fiscal llamado Costos por transferencia entre filiales, basados en el control oligopólico del precio internacional de los crudos, el cartel de transnacionales denominadas por Enrico Mattei, Las Siete Hermanas, se añade la contabilidad de ingresos por comercialización de productos refinados combustibles (productos blancos). Ambos causaron daños patrimoniales a las naciones petroleras y a sus pueblos por el orden de miles de millones de dólares a lo largo de casi todo el siglo XX.
Incluso después del surgimiento de la OPEP y la nacionalización de la industria, los mecanismos de extracción de ganancias se hicieron más sofisticados y “científicos”, con la adopción, por parte de la organización, del sistema de asignación de precios según crudos marcadores, por método de ventanas para los contratos petroleros transados en dólares en las bolsas de Nueva York, Londres y, en menor proporción, de Dubai.
Valga mencionar que, en la historia de los tributos fiscales cancelados por las transnacionales petroleras, solo en 1974 se alcanzó una carga impositiva de 96% sobre sus ganancias. Pero incluso así las empresas del magnate petrolero estadounidense David Rockefeller registraron 75% de utilidades globales, las cuales fueron aportadas fundamentalmente por su filial en Venezuela.
¿Cuál fue el secreto de tan significativas ganancias pese a la supuesta elevada carga fiscal? Los llamados residuales, que no eran objeto de escrutinio fiscal porque durante toda la historia de la industria petrolera en Venezuela solo se pechaba el crudo exportado y los refinados blancos terminados.
Aun cuando los llamados residuales se consideraban “desechos” y no pagaban impuestos, durante más de 50 años las empresas transnacionales petroleras lo agregaban a su Contabilidad corporativa y lo reportaban dentro de sus utilidades, en detrimento del fisco de los países exportadores donde ejecutaban sus operaciones.
La contabilidad corporativa de las petroleras atribuía todos los ingresos a la comercialización de los llamados productos blancos: kerosenne, gasolina, diésel. Consideraban que el resto de los derivados del barril de petróleo no producían ingresos y eran registrados como residuales.
Otros productos asociados a la producción petrolera se calificaban “pasivos ambientales”, como parafinas, azufre, soda cáustica. Eran considerados contaminantes que debían “retirarse” del sistema de refinación, por lo cual generaban contratos llamados de Servicios ambientales.
El caso del azufre es el más dramático. La industria pagaba hasta diez dólares la tonelada para su “retiro”, más el derecho a la transformación en gases sulfurosos y ácido sulfúrico en el extranjero, el cual luego ella misma importaba al precio de 160 dólares la tonelada.
