Primicias24.com– El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil imputó este martes, por unanimidad, a nueve militares y un agente de la Policía Federal por su presunta participación en la planificación de un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las elecciones de diciembre de 2022.
La Primera Sala del STF analizó las denuncias contra 11 militares y un policía federal, integrantes del denominado «núcleo 3», acusados de conspirar para asesinar a Lula da Silva y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Finalmente, el tribunal decidió imputar a nueve de los militares y al agente policial, mientras que archivó las acusaciones contra otros dos uniformados por falta de pruebas.
Los imputados y los delitos
Entre los acusados figuran altos mandos del Ejército, tanto en activo como en la reserva, algunos de ellos especialistas en operaciones especiales y conocidos como los «niños negros». La lista incluye al general Estevam Gaspar de Oliveira, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sergio Cavaliere de Medeiros y Ronald Ferreira de Araujo Júnior, así como a los coroneles Bernardo Romão Correa Netto, Fabricio Moreira de Bastos y Marcio Nunes de Resende Junior. También fue imputado el agente federal Wladimir Matos Soares.
Los cargos en su contra incluyen organización criminal armada, intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, entre otros.
El plan «Puñal Verde y Amarillo»
Según la investigación de la Policía Federal, los imputados habrían elaborado un «plan operativo detallado», denominado «Puñal Verde y Amarillo», que se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 con el objetivo de asesinar a Lula y a Alckmin.
El juez del STF Alexandre de Moraes rechazó los argumentos de los abogados defensores, quienes sostenían que no hubo un golpe de Estado consumado, sino solo un intento. Moraes afirmó que «el delito de atentado contra la democracia no admite tentativa; la mera planificación ya constituye crimen».
Reacciones y próximos pasos
La decisión del STF refuerza las investigaciones sobre grupos extremistas dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal que habrían buscado desestabilizar el gobierno de Lula. El caso sigue abierto y se esperan nuevas diligencias para determinar responsabilidades adicionales.
Esta imputación marca un nuevo capítulo en la tensión política que vive Brasil desde las polarizadas elecciones de 2022, en las que Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro. Las autoridades han reiterado su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
