Primicias24.com — El presidente Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema que permita a su administración deportar a migrantes hacia países que no son su lugar de origen, como Sudán del Sur, en una nueva medida migratoria controvertida que enfrenta resistencia judicial.
La política, implementada poco después de que Trump asumiera el poder, autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a enviar a inmigrantes a naciones distintas a las suyas, sin previo aviso ni oportunidad de demostrar que podrían enfrentar persecución, tortura o incluso la muerte en esos destinos.
El caso llegó al máximo tribunal días después de que el gobierno intentara transferir a detenidos a Sudán del Sur, un país devastado por conflictos, sin permitirles impugnar su deportación. El Departamento de Justicia defendió la medida, argumentando que «Estados Unidos enfrenta una crisis de inmigración ilegal» y que muchos extranjeros «que merecen ser expulsados son los más difíciles de remover».
Orden judicial frena deportaciones
En marzo, el juez federal Brian Murphy, designado por Biden, bloqueó la política, exigiendo que los migrantes reciban una notificación por escrito y la posibilidad de demostrar un «temor creíble» de persecución en un tercer país. Murphy acusó al gobierno de violar su orden al intentar enviar detenidos a Sudán del Sur sin darles tiempo para contactar abogados o familiares.
El 21 de mayo, Murphy reforzó su decisión, ordenando que los migrantes reciban al menos 72 horas de aviso antes de una entrevista donde puedan argumentar su miedo a ser deportados. Quienes sean rechazados tendrían 15 días para reabrir sus casos.
Gobierno pide intervención urgente
La administración Trump calificó la situación como «intolerable», alegando que se ve obligada a elegir entre retener a los migrantes en instalaciones militares en el extranjero —lo que afectaría la política exterior— o traer de vuelta a «criminales convictos» a EE.UU.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender el fallo de Murphy, citando el «daño irreparable» de deportaciones erróneas. Preocupa especialmente un plan reportado para enviar migrantes a Libia, país acusado de maltrato a detenidos.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que ya existen garantías diplomáticas para evitar abusos, pero defensores de migrantes denuncian que estas medidas violan derechos humanos.
El caso podría definir el futuro de las deportaciones aceleradas bajo la administración Trump, en medio de crecientes tensiones legales y humanitarias.
