Primicias24.com- El Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., con sede en Nueva York, dictaminó este miércoles que la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump durante su mandato son ilegales, al considerar que excedieron su autoridad ejecutiva.
El fallo judicial bloquea los gravámenes comerciales establecidos por Trump en el marco del llamado «Día de la Liberación», dirigidos principalmente a países con los que EE.UU. mantiene déficits comerciales. Según la corte, el entonces presidente sobrepasó sus facultades al imponer estas medidas sin la aprobación del Congreso, argumentando poderes de emergencia nacional.
La decisión afecta los aranceles del 30% aplicados a productos chinos, los del 25% a ciertas importaciones de México y Canadá, y los del 10% a una amplia gama de bienes. Sin embargo, mantiene intactos los impuestos del 25% sobre vehículos, autopartes, acero y aluminio.
Demanda de 12 estados
La resolución responde a una demanda presentada en abril por doce estados —incluyendo Nueva York, Arizona y Colorado—, cuyos fiscales generales acusaron a la política arancelaria de Trump de ser «arbitraria, ilegal y perjudicial para la economía estadounidense».
«El descabellado plan arancelario de Trump no solo fue económicamente imprudente, sino también ilegal», declaró Kris Mayes, fiscal general de Arizona y una de las líderes de la acción legal. Los demandantes alegaron que las medidas respondían a «caprichos» del exmandatario y no a un ejercicio legítimo de su autoridad.
Contexto de los aranceles
Trump anunció los gravámenes el 2 de abril, imponiendo tasas del 20% a la Unión Europea y del 10% a gran parte del mundo. Tras el desplome inicial de los mercados, suspendió temporalmente los impuestos más altos para facilitar negociaciones, aunque mantuvo un arancel reducido del 10% a más de 75 países.
El fallo del tribunal marca un revés para la política comercial trumpista, aunque su impacto inmediato dependerá de la respuesta del Gobierno actual. Mientras defensores celebran el freno a medidas «unilaterales», críticos advierten sobre posibles vacíos legales en futuras acciones ejecutivas similares.
