Primicias24.com – Ocho partidos políticos de Colombia rechazaron enérgicamente el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, luego de que el Senado archivara su propuesta inicial. Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Liberal, de la U y ASI calificaron la medida como un «golpe al Estado de Derecho» y una violación a la Constitución.
En un comunicado conjunto, las colectividades advirtieron que la decisión del Gobierno de ignorar el fallo del Legislativo y recurrir a un decreto presidencial representa una «ruptura de la separación de poderes» y un «grave daño institucional». Además, hicieron un llamado urgente a la Registraduría Nacional, a las altas Cortes y a los órganos de control para que actúen con independencia y frenen lo que consideran un atropello a la democracia.
«Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado. Esta decisión, de concretarse, sería una violación grave y directa a la Constitución», señalaron los partidos.
Advertencia a la Registraduría
Los partidos opositores dirigieron un mensaje al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, instándolo a no avalar un proceso que, según ellos, carece de legitimidad. «Confiamos en que el señor registrador actuará con pleno respeto al orden constitucional, evaluando la legalidad de dicho acto antes de fijar cualquier calendario electoral», expresaron.
También recordaron que el Consejo de Estado ya respaldó el archivo de la consulta en el Senado, por lo que insistieron en que permitir su convocatoria por decreto sería un desconocimiento a las decisiones judiciales y legislativas.
Gobierno insiste en el decreto
Mientras la oposición se organiza para frenar la medida, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el Ejecutivo busca emitir el decreto antes de agosto. El oficialismo argumenta que busca retomar el texto original de la reforma laboral, que fue modificado en el Congreso.
La controversia ha escalado rápidamente, con acusaciones de autoritarismo por parte de la oposición y advertencias de una posible crisis institucional. Los ocho partidos aseguraron que seguirán de cerca el proceso y brindarán apoyo a las entidades que, en su criterio, deben «defender la Constitución».
Con el pulso entre el Gobierno y el Legislativo en su punto más álgido, el país espera la respuesta definitiva de la Registraduría y las Cortes ante lo que podría convertirse en un histórico choque de poderes.
