Primicias24.com– El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular sobre la reforma laboral será impugnado ante la justicia tan pronto sea firmado, al considerar que carece de sustento legal.
La advertencia se produjo luego de que Petro confirmara su intención de llevar a cabo la consulta con 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, tras su hundimiento en el Senado con 49 votos en contra y 47 a favor.
«Un despropósito jurídico»
Cepeda calificó la medida como un «despropósito» y aseguró que, de firmarse el decreto, será demandado de inmediato.
«Si lo hace definitivamente, en el momento que lo firme, si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente», declaró.
Además, confirmó que enviarán al Registrador Nacional, Hernán Penagos, una certificación oficial que acredita el rechazo del Senado a la consulta.
«Estamos dirigiendo una comunicación al señor Registrador Nacional del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado, en el sentido de que se votó y no se aprobó», explicó.
Respaldado por el Consejo de Estado
Cepeda recordó que el Consejo de Estado, en un auto reciente, reconoció que el Senado sí tramitó y negó la consulta popular, por lo que insistió en que no hay base legal para convocarla por decreto.
«Eso es lo que hay, y eso lo ha expresado también el Consejo de Estado. No ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidades de que él cite a esa consulta popular. Si lo hace, está violentando todas las leyes», afirmó.
Exregistrador también rechaza el decreto
El exregistrador nacional Alexander Vega respaldó la postura, asegurando que la Registraduría no puede organizar una consulta popular sin aval del Congreso, pues el decreto sería «completamente ilegal».
«La Consulta Popular se negó en la plenaria del Senado, ahí están las certificaciones. No hay manera de que el señor Registrador acepte llamar a una consulta popular», sostuvo Vega.
¿Qué sigue?
Con el gobierno decidido a impulsar la consulta y el Congreso preparando una demanda judicial, el escenario apunta a un nuevo choque institucional, que podría terminar definiéndose en los tribunales.
Mientras tanto, la Registraduría tendrá que decidir si acata un eventual decreto presidencial o se atiene a las certificaciones del Legislativo que declaran inviable la consulta.
