Primicias24.com- La Organización no Gubernamental (ONG) FundaRedes, informó que de acuerdo a investigaciones en el país opera una “red internacional de trata de personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer, según denuncias que han llegado a la organización y de las cuales se tiene registro, habría participación de funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales operan principalmente en las costas de Venezuela”.
A través de un informe, la organización acotó que “si bien la participación no es abierta, se denuncia que estos funcionarios no impiden este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes”.
FundaRedes, citó como ejemplo el naufragio de dos embarcaciones que zarparon en 2019 desde la población de Güiria en las costas del estado Sucre con destino a Trinidad y Tobago.
Detallaron que la primera, “salió el 23 de abril pasadas las 9:00 pm del sector La Salina y posteriormente recorrió otras playas del municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y Tobago. Zozobró con 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron. Del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad”.
“La segunda embarcación de nombre Ana María habría salido también de Güiria el 16 de mayo las 4:00 pm, naufragó unos días después con al menos 29 personas a bordo, de las cuales 28 desaparecieron. A la fecha, sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las investigaciones posteriores al caso”, reza la publicación.
Con respecto a estos casos aún abiertos, arrestaron a 9 personas, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a quienes investigaron por el delito de trata de personas.
Al cierre de 2019, según las investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes, el número de desaparecidos se ubicó en 152.
Otro caso similar mostró la ONG sobre un grupo de migrantes que desde el estado Falcón pretendían llegar a la isla de Curazao.
“En la zona operan distintos grupos que conviven. A mucha gente se lo he dicho, este es un grupito que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la lancha también se montan no solo pasajeros migrantes que están intentando buscar un futuro, también se montan personas que tienen extraños procederes, llevan droga, llevan pistolas y es la forma de moverse los delincuentes de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos que el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas”, aseguró Johnny Rafael Romero Sarmiento, quien relató para FundaRedes el 7 de junio de 2019 que su hijo Johnny de Jesús Romero Palacios de 27 años de edad, abordó una embarcación que partió desde la población de Agüide con destino a Curazao y no lo volvió a ver.
Fundaredes ha hecho esta denuncia ante el Ministerio Público y la Asamblea Nacional en reiteradas ocasiones, así como en diversos organismos internacionales vinculados al área de los derechos humanos.
