Primicias24.com Los representantes del Estado, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas del mismo juzgado (OPCV, por sus siglas en inglés) e incluso las víctimas venezolanas que lo soliciten sostendrán un primer cara a cara por el caso de los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país al menos desde 2014.
La Sala de Apelaciones de la CPI ha convocado a los arriba mencionados para que acudan el 7 y 8 de noviembre a una audiencia pública, en la cual expondrán sus argumentos a favor y en contra de la solicitud que en junio pasado hiciera el Gobierno de Nicolás Maduro para que esta instancia ordene al fiscal Karim Khan suspender sus averiguaciones relacionadas con Venezuela.
Los magistrados Marc Perrin de Brichambaut (presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze tomaron la decisión de celebrar el debate el pasado 12 de octubre, según se desprende del auto n.º 02/18-65.
La agenda de la audiencia
El acto podría considerarse un ensayo de las eventuales audiencias que podrían celebrarse en La Haya en el futuro, en caso de que la Fiscalía continúe investigando lo ocurrido en el país y determine a los presuntos responsables.
Durante las dos sesiones que durará la audiencia se debatirán los cinco supuestos errores en los que, de acuerdo con las autoridades venezolanas, incurrió la Sala de Cuestiones Preliminares al autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones como se lee en el auto n.º 02/18-68 de la Sala de Apelaciones.
En la primera jornada se debatirá sobre el supuesto error en el que habría incurrido el fiscal al no identificar los casos que investiga o los que pretende investigar; el segundo sería su presunta negativa a trabajar con documentos en español y el tercero que este ha utilizado como pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad documentos que no son «originales».
En la segunda sesión se abordarán los presuntos vicios relacionados con el contexto de los crímenes investigados, así como la solicitud de investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico venezolano, como lo es el delito de persecución, uno de los crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.
Fuente Acceso a la Justicia
