El pasado 4 de diciembre se conoció que la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI), con documentos probatorios acerca de la detención arbitraria de un total de 59 ciudadanos colombianos en Venezuela.
“Esto constituye una violación a los derechos humanos que contribuye a un crimen de lesa humanidad”, indicó Ortega Díaz a través de su cuenta en la red social Twitter.
En el documento se hace una exposición detallada de casa uno de los ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en cáceles venezolanas sin asistencias médica ni sanitaria.
En el documento la fiscal denuncia al presidente Nicolás Maduro, al ministro Néstor Reverol, y a los exdirectores de la Policía Nacional, Juan Francisco Romero y Franklin Horacio García y una lista que llega a casi treinta funcionarios.
Por otro lado, Amnistía Internacional exigió este martes la libertad de los colombianos y también pidió la atención médica y que se garantice el debido proceso.
A través de un comunicado, la organización pidió que se enviaran solicitudes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al ministro de Interior y Justicia y a la Fiscalía venezolana para exigir que se ejecute la orden de libertad emitida por un tribunal de control en noviembre de 2017, que luego fue revocada.
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