Primicias24.com — Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este miércoles que cientos de venezolanos deportados a El Salvador bajo una polémica ley del siglo XVIII deben tener la oportunidad de impugnar sus expulsiones, en un fallo que cuestiona las acciones del Gobierno de Donald Trump.
El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Washington, determinó que la administración Trump violó los derechos de los migrantes al negarles el acceso a procesos legales antes de deportarlos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra utilizada para expulsar rápidamente a presuntos miembros del extinto Tren de Aragua.
«Ese proceso, que se les negó indebidamente, ahora debe serles otorgado», escribió Boasberg en su fallo, agregando: «Sin este alivio, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva».
Deportaciones bajo controversia
En marzo, el Gobierno de Trump invocó esta ley poco usada para deportar a cientos de venezolanos sin permitirles recurrir ante un juez de inmigración. Muchos de ellos fueron enviados a una megaprisión en El Salvador, donde organizaciones humanitarias y la ONU han expresado preocupación por su situación, calificándola de «completa incertidumbre».
Familiares y abogados de los deportados niegan que tuvieran vínculos con grupos criminales y aseguran que nunca pudieron refutar las acusaciones en corte.
Corte Suprema y límites al Gobierno
Boasberg citó en su decisión un caso previo de la Corte Suprema sobre Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado ilegalmente a El Salvador. Aunque el alto tribunal respaldó su derecho a regresar, evitó ordenar directamente su repatriación, argumentando que los jueces deben ser cautelosos en asuntos de política exterior.
En esta ocasión, Boasberg no ordenó el retorno inmediato de los venezolanos, pero dio al Gobierno una semana para explicar cómo permitirá que los afectados presenten recursos legales.
Reacciones y contexto
La decisión llega después de que, en abril, la Corte Suprema estableciera que los migrantes deportados bajo esta ley deben tener derecho a apelar. Desde entonces, varios tribunales han bloqueado nuevas expulsiones de supuestos miembros del Tren de Aragua.
Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia han comentado el fallo. Mientras, organizaciones de derechos humanos celebran el avance, aunque insisten en que los deportados deberían ser repatriados.
