Primicias24.com- 2 de marzo, de 2000, el dictador chileno Augusto Pinochet, fue liberado por razones médicas, luego de que 503 días antes (en 1998), viajara a Reino Unido para someterse a una operación de columna, sin haber solicitado permiso a la nación que lo recibiría, alegando que era senador vitalicio y pensaba que gozaba de inmunidad diplomática. Fue detenido, en la London Clinic de la capital británica, a sus 82 años de edad.
La coyuntura fue aprovechada por el juez español Baltazar Garzón, que emitió rápidamente una orden internacional de detención y solicitó su extradición a España, por el conflicto que se produjo en el marco de la Operación Cóndor; una coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. La extradición también era solicitada por Francia, Bélgica y Suiza.
La detención de Pinochet mostró que los jueces podían actuar contra violadores de los Derechos Humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, explicó que “un juicio por los cargos contra el senador, aunque deseable, ya no es posible”. Y citó la “falla de memoria” que sufría el general, que le impediría seguir normalmente un proceso judicial.
En España, desde donde el juez Baltasar Garzón había conseguido que en octubre de 1998 Pinochet fuera detenido en Londres, se produjeron expresiones de desolación por no haberse alcanzado el objetivo pleno.
En la tierra del hombre en cuestión, los chilenos se dividieron entre festejo y rechazo a la decisión de Straw. Un “grito” de justicia y 60 demandas, aguardan al exgobernante en Santiago. El presidente electo, Ricardo Lagos, hizo la promesa de que Pinochet sería juzgado bajo la ley de Chile.
“Es un chileno como cualquier otro y, por tanto, si hay procesos pendientes o la justicia requiere su presencia por cualquier razón, debe enfrentarla como cualquier de nosotros”, sentenció.
Al momento de la muerte de Pinochet, bajo arresto domiciliario, el 10 de diciembre de 2006 en Chile, aún tenía pendientes 300 cargos penales por numerosas violaciones de derechos humanos durante su mandato de 17 años, además de casos de evasión de impuestos y malversación durante y después de dicho periodo.
